La Inteligencia Artificial es la tecnología que más rápidamente se está desarrollando, lo que hace que surjan preguntas legales aún sin resolver.
A modo ejemplificativo, ¿Quién responderá en el caso de que un robot cometa un fallo técnico que derive en la muerte de un ser humano? ¿Cómo se protegerán los datos personales a partir de ahora? ¿Y la Propiedad Intelectual?
Con la normativa previamente analizada y, que se espera que entre en vigor en un lapso temporal corto, se pretende obtener un equilibrio entre el avance tecnológico y la ética y protección de los seres humanos.
Sin lugar a dudas, el mayor reto es la ética de la tecnología y ello se debe en buena medida a que, por el momento, no existe una definición única de lo que se entiende por Inteligencia Artificial.
¿Ya ha generado la Inteligencia Artificial problemas jurídicos?
Sí, y entre otros:
El Juzgado de lo Social núm. 10 de Las Palmas de Gran Canaria, Sentencia de 23 de Septiembre de 2019, Procedimiento 470/2019, resolvió sobre el despido de una trabajadora, siendo improcedente el mismo. Concretamente, se remplazó a la trabajadora por un robot, alegando la Empresa causas productivas, técnicas y organizativas. Señala el Juzgador que, no constaban acreditadas suficientemente las causas, planteando ciertas cuestiones y matices acerca de los derechos fundamentales y la automatización.
También, han planteado problemas un vehículo autónomo el cual atropelló a un ciudadano y falleció. El Parlamento Europeo advirtió al respecto, señalando que, es una cuestión crucial delimitar la responsabilidad civil e, incluso penal, por los daños tanto personales como materiales por la actuación de la Inteligencia Artificial.
Por su parte, cuestión relevante es la de la protección de los datos, toda vez que la Inteligencia Artificial se nutre de ello. Ello da lugar a dos cuestiones diferentes. En primer lugar, de dónde proceden esos datos y cómo se han obtenido y, en segundo lugar, si los mismos contienen sesgos o errores.
Existen datos al respecto y, en este sentido, caso Wisconsin vs Loomis, en donde se observó claramente un sesgo por razón racial al utilizar un algoritmo predictivo de aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning.
Estos sesgos también afectan al ámbito laboral, véase, por motivos de género. A modo de ejemplo, la Empresa Amazon utilizó un algoritmo de aprendizaje profundo o Deep Learning, el cual, al detectar que el porcentaje de mujeres que llegaba a la fase final de la entrevista de Recursos Humanos era menor, rechazó de manera sistemática todos los CVs enviados por mujeres.
En cuanto a los Derechos de Autor, la normativa vigente, esto es, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, señala en su precepto quinto que, se considera autor a la persona natural que cree una obra literaria, artística o científica.
Al amparo de lo anterior, la Inteligencia Artificial no puede ostentar Derechos de Autor sobre una obra generada por ella misma, de tal manera que, la cuestión a determinar es si un usuario o programador de la misma puede ser el titular de los mencionados derechos.
No es unánime la respuesta, y es que, si bien una parte del sector lo aplicaría de manera literal, otra, como puede ser la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, “OMPI”), considera que, el usuario o programador que desarrolló la IA, es el autor.
La Inteligencia Artificial y su aplicación en pleitos
Tal y como se valorará en su momento, la Inteligencia Artificial y su aplicación en los pleitos también plantea problemas y ello por cuanto es posible que se produzca una vulneración de los Derechos Fundamentales de las partes, falta de motivación de escritos o, en el uso de algoritmos que, como se ha visto, puede derivar en sesgos.
Conclusión
En definitiva, la Inteligencia Artificial puede dar lugar a problemas jurídicos relevantes como es la responsabilidad civil y penal, la protección de datos o los sesgos, entre otros puntos, de tal manera que, las nuevas regulaciones, así como la jurisprudencia deben dar una solución técnica y acorde a ello.
