El 9 de febrero de 2026, en el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Mónica García, puso sobre la mesa una idea que vuelve cada cierto tiempo… pero que esta vez llega en plena aceleración de la automatización: crear un impuesto para las empresas que usen robotización e inteligencia artificial para reemplazar puestos de trabajo.
La propuesta se planteó en la jornada “Tax the Robots?: Fiscalidad y Empleo en la Era de la Inteligencia Artificial” y se enmarca en un argumento muy concreto: la IA y los automatismos estarían sustituyendo trabajo humano, mientras que la sociedad “no está recogiendo los réditos económicos” que genera esa sustitución.
En otras palabras: no es un debate sobre tecnología. Es un debate sobre quién captura la productividad y cómo se reparte.
Por qué este debate estalla ahora
Hay un motivo muy simple: la IA ya no es una promesa, es adopción real.
En España, el INE ya mide el uso de tecnologías de inteligencia artificial en empresas (10 o más empleados). Y, según el análisis de Cotec sobre esos datos, el porcentaje de empresas que declaran usar IA pasó del 12,4% (2023) al 21,1% (2024).
Con este telón de fondo, la propuesta de un impuesto deja de sonar “teórica” y pasa a tocar caja: si la automatización se generaliza, el sistema fiscal actual puede quedarse desalineado con cómo se genera valor.
Qué se ha dicho exactamente: “no a los robots, sí a la tecnología que sustituye un modelo de redistribución”
Europa Press recoge la formulación más explícita del planteamiento:
- El impuesto se dirigiría a empresas que la ministra califica como “tecnofeudales” y que usan robotización e IA para reemplazar empleo, con el objetivo de redistribuir beneficios y contribuir a un sistema fiscal “justo”.
- La propia ministra lo enmarca así: “no a los robots”, sino a una tecnología que estaría sustituyendo “un modelo claro” de redistribución de riqueza y fuerza de trabajo.
- En el mismo foro, se citan ejemplos como la normalización de cajas de autocobro y el contraste entre anuncios de inversión en IA y despidos masivos.
Además, tanto Business Insider como El Español subrayan el componente político del discurso: crítica a grandes dueños de tecnológicas y una narrativa de “poder” y desigualdad.
El problema técnico que decidirá si esto muere en un titular o llega a BOE
Aquí es donde un despacho (fiscal, laboral o mercantil) debería levantar la mano: la idea puede ser popular, pero el diseño es endiabladamente difícil.
- Definir “reemplazar empleos” sin cargarte media economía: La frontera entre “automatizar para ser más productivo” y “automatizar para sustituir empleo” es borrosa. Y sin definiciones operativas, no hay impuesto aplicable.
- Medir el impacto : Si el criterio es “reducción de plantilla”, aparecerán estrategias para evitarlo: reubicaciones, externalizaciones, cambios societarios, etc.
- Si el criterio es “uso de IA”, entonces penalizas adopción incluso cuando complementa (no sustituye) empleo.
- Encaje con el marco europeo : En paralelo, la UE ya ha puesto en marcha el Reglamento de IA (AI Act), que entra en vigor y despliega obligaciones gradualmente, con foco en riesgos, gobernanza y cumplimiento.
Un impuesto nacional mal diseñado podría: chocar con principios de mercado interior, desincentivar inversión, o terminar aplicándose de forma asimétrica (pymes vs grandes).
No es un debate nuevo: “impuesto a los robots” vuelve, pero la pregunta real es quién paga y por qué
ElDiario.es recuerda algo clave: hablar de “impuesto a los robots” obliga a decidir quién sería el contribuyente: ¿el robot?, ¿el propietario?, ¿el fabricante?, ¿el usuario?
Eso explica por qué estas ideas suelen quedarse en debates: porque cuando aterrizas el sujeto pasivo y la base imponible, aparecen contradicciones.
Aun así, el hecho de que el debate resurja en 2026, con adopción creciente y tensión social por productividad/desigualdad, indica que no desaparecerá. Como mínimo, se transformará en otra cosa: incentivos, cotizaciones, tasas sectoriales, o exigencias de contribución vinculadas a automatización.
Qué deberían hacer ya los despachos profesionales
Aunque hoy estamos ante una propuesta política, no una norma, hay trabajo preventivo muy “de despacho”:
Preparar un “mapa de automatización” para clientes
Preguntas prácticas:
- ¿Qué procesos se están automatizando (contabilidad, nómina, atención al cliente, compliance, reporting)?
- ¿Qué herramientas se usan (RPA, IA generativa, sistemas de decisión)?
- ¿Impacta en plantilla o en contratación futura?
Esto no es solo fiscal. Es también laboral y de riesgos.
Reforzar gobernanza y trazabilidad: Si el debate se mueve hacia fiscalidad o contribuciones por automatización, la documentación importará: decisiones de automatización, evaluación de riesgos, re-skilling y recolocación, justificación económica.
La disciplina es la misma que recomendamos para IA en procesos críticos: supervisión, control y evidencia.
Crear mensajes claros para el cliente : Este tema generará confusión (“¿me van a poner un impuesto por usar ChatGPT?”). Tu valor como despacho será traducirlo así:
- No hay impuesto aprobado hoy.
- Hay una propuesta política con alta complejidad técnica.
- El impacto (si llega) dependerá de definiciones: sustitución, umbrales, sectores, tamaño, etc.
Idea clave para el lector
La discusión del “impuesto a la IA” es, en realidad, una discusión sobre cómo se reparte la productividad cuando el trabajo se automatiza.
Para un despacho profesional, la oportunidad no es opinar: es adelantarse con método. Porque, si este debate avanza, lo que se premiará no será “usar IA”, sino demostrar que se usa con gobernanza, trazabilidad y responsabilidad.
