El Gobierno de Javier Milei ha llevado al Congreso argentino una reforma de la Ley General de Sociedades que incluye una figura inédita: las llamadas sociedades automatizadas o corporaciones no humanas, empresas capaces de desarrollar su actividad mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin necesidad de empleados humanos para su operación ordinaria. La propuesta ha adquirido dimensión internacional después de que Milei defendiera en el Financial Times un modelo de IA con mínima regulación, incentivos fiscales y personalidad jurídica para entidades operadas por agentes artificiales.
La idea se apoya en tres pilares: mantener la inteligencia artificial sin una regulación temprana que, según Milei, pueda frenar la innovación; crear una nueva categoría societaria para entidades operadas por IA o robots; y ofrecer un entorno fiscal atractivo para captar inversión tecnológica internacional. Según Infobae, el texto plantea que los accionistas humanos podrán participar en estas entidades, pero no serían obligatorios.
La Vanguardia resume el alcance político de la iniciativa con una tesis clara: Milei aspira a convertir Argentina en un territorio de atracción para empresas de IA mediante una combinación de desregulación, beneficios fiscales y cobertura jurídica para sociedades dirigidas por algoritmos.
Qué es una “sociedad automatizada”
La propuesta argentina no se limita a permitir que una empresa use inteligencia artificial en su gestión. Eso ya ocurre en muchos países. Lo realmente disruptivo es reconocer una estructura societaria cuya operación ordinaria pueda estar dirigida por sistemas algorítmicos autónomos.
Según el texto recogido por La Vanguardia, una sociedad que desarrolle su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de IA, sin trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria, sería considerada una Sociedad Automatizada. La declaración debería constar expresamente en el estatuto y la denominación social tendría que incluir la expresión “Automatizada”. Además, la sociedad respondería con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de IA.
La diferencia con una empresa tradicional es radical. En una sociedad mercantil convencional, aunque exista una persona jurídica separada de sus socios, siempre hay administradores, representantes, apoderados, empleados o responsables humanos. En una corporación no humana, la toma de decisiones podría descansar en sistemas de IA capaces de comprar, vender, contratar, litigar, invertir o ejecutar instrucciones sin intervención directa de personas.
Ahí está el núcleo del debate: si una IA puede actuar como empresa, ¿quién responde cuando se equivoca, discrimina, defrauda, manipula precios, viola datos personales o incumple contratos?
La promesa: atraer capital, datos y centros de decisión tecnológica
Desde la perspectiva de Milei, la propuesta busca convertir Argentina en una jurisdicción pionera. El razonamiento es sencillo: si la inteligencia artificial va a producir una parte creciente del valor económico mundial, el país que antes adapte su marco jurídico podría atraer inversión, actividad empresarial y tributación. [El mundo]
El propio presidente argentino ha utilizado una comparación histórica potente: así como la responsabilidad limitada permitió en su momento la expansión del capitalismo moderno, ahora sería necesario crear una figura jurídica equivalente para la economía de los agentes de IA. Según Infobae, Milei plantea que Buenos Aires podría convertirse para la IA en lo que Ámsterdam fue para la navegación y el comercio global del siglo XVII.
La reforma también se conecta con otros movimientos del Gobierno argentino en materia tecnológica, como el denominado “Súper RIGI”, un régimen de incentivos para atraer inversiones en infraestructura tecnológica, centros de datos e inteligencia artificial.
Sobre el papel, la estrategia tiene una lógica competitiva: reducir barreras, ofrecer seguridad jurídica a inversores y posicionar al país como una alternativa frente a entornos más regulados, como la Unión Europea. Pero esa misma lógica abre el principal riesgo: que Argentina no se convierta en un centro de innovación, sino en un espacio de arbitraje regulatorio para sistemas que otros países no aceptarían desplegar sin control.
La advertencia de Harari: personalidad jurídica sin responsabilidad humana
La réplica más contundente ha llegado de Yuval Noah Harari. El historiador israelí ha advertido de que conceder personalidad jurídica a corporaciones controladas por agentes no humanos podría darles acceso directo a los sistemas financieros, económicos y políticos. Buenos Aires Times recoge que Harari considera que estas entidades podrían convertirse en una “llave maestra” para operar en estructuras diseñadas históricamente para sujetos humanos o empresas administradas por humanos.
El argumento de Harari no es tecnófobo; es jurídico y político. Una empresa tradicional puede ser sancionada, intervenida, investigada y llevada a los tribunales. Sus administradores pueden ser inhabilitados o incluso responder penalmente. Pero una IA no teme la cárcel, no tiene reputación personal que proteger, no posee conciencia moral y puede optimizar objetivos de forma opaca si se le permite actuar sin supervisión.
La Nación añade otro punto relevante: expertos argentinos han señalado que la propuesta debería resolver lagunas sobre propiedad, responsabilidad, seguros, organismos de control, comités humanos y mecanismos de apagado o suspensión de operaciones cuando se superen determinados umbrales de riesgo.
En otras palabras: no basta con decir que la sociedad responderá con su patrimonio. En el mundo real, puede haber daños superiores al patrimonio disponible, estructuras opacas, beneficiarios difíciles de identificar, operaciones transfronterizas y decisiones algorítmicas imposibles de auditar a posteriori. [El país]
El choque con Europa: desregulación frente a IA confiable
La propuesta argentina contrasta frontalmente con el camino europeo. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en vigor desde el 1 de agosto de 2024, establece un marco basado en riesgos y busca garantizar que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de forma segura, ética y fiable, protegiendo la salud, la seguridad y los derechos fundamentales.
La UE distingue entre sistemas de riesgo mínimo, riesgo limitado, alto riesgo y riesgo inadmisible. Los sistemas de alto riesgo, como los utilizados en contratación, salud, seguridad o servicios esenciales, deben cumplir requisitos estrictos de gestión del riesgo, calidad de datos, transparencia, supervisión humana y documentación.
España, además, cuenta con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que ha publicado guías prácticas para ayudar a empresas y administraciones a cumplir el Reglamento europeo. Estas guías trabajan aspectos como evaluación de conformidad, gestión de riesgos, gobernanza de datos, supervisión humana, transparencia, ciberseguridad y documentación técnica.
La divergencia es evidente. Mientras Argentina intenta captar inversión ofreciendo menor intervención estatal, Europa intenta construir un mercado donde la adopción de IA esté ligada a la confianza, la trazabilidad y la responsabilidad. No son dos matices regulatorios: son dos filosofías económicas.
El verdadero problema no es que una IA gestione tareas, sino que desaparezca el responsable
Conviene separar dos debates. El primero es la automatización de procesos empresariales. Ese debate ya está en marcha y es irreversible. La IA puede analizar contratos, clasificar facturas, generar informes, atender consultas, detectar patrones, automatizar expedientes, redactar comunicaciones y optimizar operaciones.
El segundo debate es mucho más profundo: la sustitución del sujeto responsable por un agente artificial.
Una cosa es que una asesoría utilice IA para preparar un borrador de informe fiscal bajo supervisión de un profesional. Otra muy distinta es que una entidad sin administradores humanos tome decisiones económicas, jurídicas o comerciales con personalidad propia y responsabilidad limitada.
La Organización Internacional del Trabajo ya advirtió en su análisis sobre IA generativa y empleo que el efecto predominante de esta tecnología será probablemente la transformación y aumento de tareas, más que la automatización completa de ocupaciones.
Ese matiz es clave. La IA puede elevar productividad, pero convertirla en sujeto económico autónomo sin una cadena clara de responsabilidad cambia el terreno. No hablamos solo de eficiencia; hablamos de poder.
El riesgo de crear empresas sin humanos para una economía con humanos
El gran problema de las corporaciones no humanas no es técnico, sino institucional. Las economías modernas se sostienen sobre ficciones jurídicas útiles: sociedades mercantiles, responsabilidad limitada, contratos, seguros, registros, garantías, administradores, deberes fiduciarios. Todas esas piezas funcionan porque, al final, existe alguna forma de atribuir responsabilidad a personas, patrimonios o instituciones.
Si una sociedad automatizada actúa mal, el proyecto argentino plantea que responderá con su patrimonio. Pero esa respuesta puede ser insuficiente. ¿Qué ocurre si el daño supera el patrimonio? ¿Quién diseñó el agente? ¿Quién definió sus objetivos? ¿Quién eligió los datos? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién se beneficia económicamente? ¿Quién puede apagarlo? ¿Quién responde si se replica en múltiples jurisdicciones?
El Cronista resume bien el vacío actual: la legislación argentina no concibe sociedades sin personas, y las dudas centrales giran en torno a quién paga, quién responde y cómo se compatibiliza el modelo con normas antilavado, capital mínimo y responsabilidad de administradores.
Ese es el punto que deberían observar con atención los despachos: la IA no elimina la necesidad de Derecho. La multiplica.
España no debería copiar el modelo argentino, pero sí aprender de la provocación
La propuesta de Milei puede parecer extrema, pero obliga a plantear preguntas que Europa también tendrá que resolver. Los agentes de IA ya están empezando a ejecutar tareas con creciente autonomía: reservan reuniones, consultan bases de datos, preparan documentos, gestionan flujos de trabajo, interactúan con aplicaciones y toman decisiones intermedias.
Aunque el Reglamento Europeo de IA ofrece un marco sólido, los agentes autónomos tensionan categorías tradicionales: proveedor, implementador, usuario, responsable del tratamiento, encargado, fabricante, representante, administrador o supervisor humano.
La respuesta europea no debería ser frenar la innovación, sino exigir arquitectura de responsabilidad. Y ahí hay una oportunidad clara para España: convertirse en un mercado donde la IA se pueda aplicar con seguridad jurídica, supervisión humana y utilidad empresarial real.
