El Consejo de Ministros dio luz verde el 26 de mayo al proyecto de ley que adapta el AI Act europeo al ordenamiento español. La norma ya está en camino al Congreso.
El pasado 26 de mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó en rueda de prensa como la transposición nacional del Reglamento Europeo de IA. La norma se ha remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria. No es ley todavía, pero el texto que se debate dibuja con bastante precisión el marco regulatorio que España va a aplicar en los próximos años.
Qué dice la ley
El proyecto adapta el AI Act europeo —en vigor desde agosto de 2024— al marco legislativo español. El reglamento comunitario clasifica los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo que representan: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. A mayor riesgo, mayor exigencia de transparencia, supervisión humana y documentación. La ley española aterriza esa arquitectura con autoridades concretas, sanciones y mecanismos de control.
Uno de los elementos más destacados del proyecto es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de IA. López lo formuló sin ambigüedades: los proveedores de inteligencia artificial deberán garantizar que una persona supervisa los resultados de sus sistemas. La automatización puede operar, pero no sin control.
La norma establece también el etiquetado obligatorio de los contenidos generados por IA. Los textos producidos con inteligencia artificial deberán llevar una marca de agua o identificación visible para que los usuarios puedan distinguirlos del contenido elaborado por personas. En el caso de los vídeos generados íntegramente con IA, el aviso deberá mostrarse durante toda la reproducción.
Quién va a supervisar el cumplimiento
El organismo central es la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, la AESIA, con sede en A Coruña. Pero su trabajo se complementa con otras autoridades sectoriales. El Banco de España supervisará los usos de IA en el sistema financiero. La Agencia Española de Protección de Datos controlará lo relativo al tratamiento de datos personales. Y el Consejo General del Poder Judicial se ocupará de los usos de IA en el ámbito de la justicia. El modelo distribuye la vigilancia por sectores, en lugar de concentrarla en un único organismo.
La norma también impulsa la figura del delegado de IA en la Administración Pública estatal, e introduce medidas para facilitar a los proveedores el cumplimiento de la legislación, incluidos entornos controlados de prueba —los llamados sandboxes— gestionados por la AESIA.
El contexto europeo y el calendario que ya corre
España llega a esta ley con un recorrido previo relevante. Fue el primer país de la Unión Europea en crear una agencia estatal de supervisión de la IA, impulsó el AI Act durante su presidencia del Consejo de la UE y cuenta desde marzo de 2026 con ALIA, un modelo de lenguaje de IA público y de código abierto. El ministro López señaló que el país ha invertido 1.500 millones de euros en su estrategia nacional de inteligencia artificial.
El proyecto de ley también incorpora dos nuevas prohibiciones que España consiguió añadir al AI Act europeo el pasado 7 de mayo: la generación de deepfakes sexuales y la producción de pornografía infantil mediante sistemas de IA. Se suman a las ocho prohibiciones ya contempladas por el reglamento comunitario, entre ellas la vigilancia biométrica masiva, la puntuación social o el uso de técnicas subliminales.
En cuanto a los plazos: el AI Act tiene un calendario de aplicación progresiva. Las primeras prohibiciones entraron en vigor en febrero de 2025. El régimen completo para los sistemas de alto riesgo aplica desde agosto de 2026, con independencia de que la ley española haya completado o no su tramitación parlamentaria.
La regulación de la IA ha salido definitivamente del debate teórico para convertirse en obligación jurídica con fechas, organismos y sanciones. Lo que el Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo no es el punto de llegada de ese proceso, sino, probablemente, su acelerador.
