El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo paquete de medidas para reforzar la ciberseguridad y ciberdefensa de España, con una inversión récord de 1.157 millones de euros. Esta iniciativa complementa el Plan Nacional de Ciberseguridad aprobado en 2022 y se alinea con el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa anunciado recientemente por el Gobierno.
Las nuevas acciones responden al aumento exponencial de los ciberataques (más de 100.000 solo en 2024, con un ataque grave cada tres días) y al reto que suponen tecnologías como la inteligencia artificial o la computación cuántica para la seguridad de las infraestructuras críticas. [Ministerio]
Un plan ambicioso con impacto transversal
El objetivo del plan no es solo proteger sistemas públicos y privados, sino garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, la ciberresiliencia económica y la soberanía tecnológica del Estado, como explicó el ministro Óscar López en rueda de prensa.
Principales medidas anunciadas:
- Refuerzo del SOC 5G (Centro de Operaciones de Seguridad 5G), encargado del cumplimiento normativo en redes 5G.
- Plataformas de auditoría automática de ciberseguridad en las AAPP, para identificar vulnerabilidades de forma proactiva.
- Integración de inteligencia artificial avanzada en los sistemas de detección y respuesta frente a ciberataques.
- Mejora de la coordinación entre centros públicos y privados de operaciones de ciberseguridad (CSIRT).
- Alianzas con universidades para promover la investigación en ciberdefensa.
¿Cómo afecta esto a los despachos profesionales?
Mayor exigencia de cumplimiento normativo
Los servicios jurídicos, consultores de protección de datos y compliance officers verán reforzada su labor, ya que aumentará la supervisión sobre la ciberseguridad de proveedores y operadores esenciales. La automatización de auditorías abre nuevas oportunidades para ofrecer servicios de acompañamiento continuo y revisión de políticas digitales.
Oportunidades de colaboración con el sector público
El plan incluye una apuesta decidida por colaboración público-privada, en ámbitos como la inteligencia artificial, el desarrollo de sistemas de alerta temprana o los servicios de ciberdefensa. Los despachos que ofrezcan consultoría tecnológica o legal estratégica pueden posicionarse como aliados clave en la implementación de estas medidas.
Ciberseguridad como nueva área de especialización
El aumento del presupuesto para protección digital representa una oportunidad clara para que despachos y asesorías incorporen líneas de negocio centradas en riesgo digital, contratos tecnológicos, y litigación por fallos de seguridad.
Distribución de la inversión: el 60% lo ejecuta Defensa
El reparto del presupuesto muestra una clara apuesta por la defensa nacional, pero también involucra activamente a actores civiles y digitales. Las principales partidas son:
