Galicia se ha convertido oficialmente en la primera región de Europa en aprobar una ley específica para regular el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial (IA). Una iniciativa que no solo posiciona a esta comunidad autónoma en la vanguardia tecnológica, sino que abre un debate profundo sobre el papel de las administraciones públicas y los marcos regulatorios en el despliegue seguro de esta tecnología disruptiva.
¿Por qué es tan relevante esta ley?
La ley gallega de IA, aprobada el 21 de marzo de 2025, establece un marco pionero que afecta a todas las administraciones públicas autonómicas en el uso y desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial.
Según Europa Press, el texto normativo tiene como objetivos principales:
- Fomentar un uso ético, inclusivo y transparente de la IA en la administración.
- Garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía frente a decisiones automatizadas.
- Impulsar un ecosistema de innovación responsable en colaboración con universidades, empresas y centros tecnológicos.
Este marco regional se adelanta incluso al Reglamento de IA de la Unión Europea, que entrará plenamente en vigor en 2026. Según el Observatorio de la Inteligencia Artificial en España, la ley gallega servirá de “laboratorio normativo” para evaluar impactos reales antes de la implementación a gran escala del marco europeo.
El contexto: ¿Por qué ahora?
La aprobación de esta norma no surge en el vacío. En los últimos dos años, el uso de la IA en las administraciones públicas ha crecido de forma exponencial. El Informe sobre digitalización de las AAPP 2024 de Red.es indica que el 63% de las comunidades autónomas ya integran algoritmos para la asignación de recursos sanitarios, gestión de subvenciones o control fiscal.
Sin embargo, este avance también ha despertado alertas: decisiones opacas, sesgos algorítmicos, falta de supervisión humana… Según una encuesta del CIS publicada en enero de 2025, el 52,4% de los españoles considera que la IA debería estar “más regulada que en la actualidad”.
Una ley con impacto en el sector privado
Aunque está pensada para las administraciones públicas, la ley gallega tiene una clara vocación de impacto transversal. Entre sus artículos se incluyen medidas de colaboración con el tejido empresarial, especialmente pymes y startups tecnológicas, para favorecer una IA ética y competitiva.
Esto supone una gran oportunidad para los proveedores tecnológicos que trabajan con el sector público: desde sistemas de gestión documental hasta soluciones predictivas para asesorías y despachos profesionales. Como afirma el director del CITIC de la UDC, Manuel F. González Penedo, en La Vanguardia, esta ley “no es una traba, sino un marco para generar confianza, transparencia y ventaja competitiva”.
¿Qué dicen los expertos?
Para entender mejor el alcance de esta medida, hemos recopilado algunas voces relevantes del ecosistema IA en España:
- Carlos Santana, ingeniero de datos y divulgador de IA, considera que esta ley puede ser “una brújula ética para otras comunidades”.
- Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech, recuerda que “una IA no regulada tiende a replicar y amplificar desigualdades”.
- Fundación Cotec publicó un análisis en febrero de 2025 sobre el riesgo de “colonialismo algorítmico” si los marcos regulatorios europeos no tienen en cuenta la soberanía de los datos. Galicia, según su visión, está tomando una posición de liderazgo valiente.
Casos de uso en Galicia: innovación aplicada
La Xunta ha desplegado ya más de 30 casos piloto de IA en los últimos 18 meses. Algunos de los más destacados, según datos del Portal de Transparencia de la Xunta:
- Detección de fraudes en ayudas agrícolas.
- Optimización logística en hospitales públicos.
- Asistentes virtuales para orientación educativa en zonas rurales.
Incluso el Ministerio de Transformación Digital valora esta ley como un ejemplo a seguir dentro de su hoja de ruta para la “IA confiable y centrada en las personas” presentada en febrero de 2025.
