
La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa para convertirse en un elemento estratégico dentro de los despachos de abogados en España. Lo que hasta hace pocos años parecía una herramienta auxiliar, hoy representa una palanca de eficiencia, innovación y transformación profunda en la práctica jurídica. El cambio ya está en marcha, y su aceleración ha sido impulsada por factores normativos, tecnológicos y culturales que convergen con fuerza en 2024 y 2025.
Una adopción creciente tras la aprobación del Reglamento Europeo de IA
La aprobación definitiva del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial el 1 de agosto de 2024 marcó un antes y un después en la aplicación segura y responsable de estas tecnologías. Según un análisis de Economist & Jurist, este nuevo marco legal ha dado la seguridad jurídica que necesitaban los despachos para avanzar en la integración de la IA en sus procesos, desde la gestión documental hasta la redacción de informes legales complejos.
Entre otras medidas, el Reglamento establece una clasificación por niveles de riesgo, exigiendo transparencia y supervisión humana en los usos de IA que puedan impactar en derechos fundamentales, como sucede en el entorno jurídico. Esto ha impulsado a numerosos despachos a iniciar proyectos piloto y procesos de integración en sus áreas de back-office, litigación y compliance.
Inteligencia artificial generativa: más allá de la automatización
La IA generativa, impulsada por modelos como GPT, Copilot o Claude, está permitiendo a los despachos crear borradores jurídicos, interpretar grandes volúmenes de jurisprudencia y acelerar tareas de backoffice, sin perder precisión ni seguridad jurídica.
Durante el Legal Management Forum 2024, celebrado en Madrid, se puso de manifiesto que la IA está comenzando a transformar incluso la forma en que se gestiona el conocimiento jurídico. Las ponencias subrayaron cómo los grandes modelos de lenguaje están habilitando una nueva relación entre los juristas y la información legal, pasando de la búsqueda a la generación proactiva de conocimiento útil. Esto exige nuevas competencias digitales, pensamiento crítico y una cultura organizacional mucho más adaptativa.
Según Economist & Jurist, esta transformación también obliga a replantear los modelos de formación interna en los despachos, y abre un nuevo espacio para perfiles híbridos con formación en derecho, ciencia de datos y ética tecnológica.
El impacto operativo: menos burocracia, más valor
El uso de IA ya está teniendo un efecto directo sobre la operativa de los despachos. Según datos publicados por Confilegal, la automatización mediante IA podría reducir hasta un 80% la burocracia interna en las firmas legales. Esto se traduce en un aumento de hasta un 45% en la productividad de los letrados, quienes pueden dedicar más tiempo a la estrategia jurídica, al cliente y a la innovación de servicios.
Además, se están incorporando flujos de trabajo inteligentes que integran herramientas de IA con los sistemas de gestión documental (DMS), CRM jurídico y bases de datos normativas, permitiendo automatizar la elaboración de minutas, contestaciones a requerimientos o propuestas de demanda. Todo ello con trazabilidad legal y supervisión profesional.
Riesgos reales: la IA también se equivoca
Pero no todo son luces. En febrero de 2025, El País publicó un reportaje en el que se advertía del uso indebido de herramientas como ChatGPT en entornos jurídicos. Entre los errores detectados: generación de sentencias ficticias, referencias legales mal contextualizadas y fuga de información sensible.
Estos casos subrayan la importancia de mantener una supervisión humana constante, así como la implementación de protocolos éticos y de calidad interna para validar las salidas que generan los sistemas de IA. La veracidad de las fuentes, la trazabilidad normativa y la responsabilidad profesional siguen siendo irrenunciables.
España acelera con una estrategia pública de IA
El Gobierno de España aprobó en junio de 2024 su Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial 2024, con una dotación presupuestaria de 1.500 millones de euros hasta 2026. Esta estrategia busca posicionar a España como un hub de innovación responsable, promoviendo la IA en sectores como la salud, la educación y también la justicia, incluyendo la modernización de la Administración de Justicia y la digitalización del expediente judicial electrónico.
En paralelo, el Gobierno ha lanzado ALIA, el primer modelo fundacional de IA entrenado en español y lenguas cooficiales. Este modelo, de código abierto, evita sesgos anglocéntricos y se plantea como una base sobre la que empresas e instituciones puedan construir soluciones sectoriales, incluyendo usos legales. Legal Today
El papel de los colegios profesionales: formación y ética
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ya ha puesto en marcha un plan estratégico de acción sobre IA en la profesión jurídica. Entre sus prioridades: formación continua, creación de comisiones técnicas de análisis ético y participación activa en los procesos de regulación europeos. Europa Press
Además, el ICAM ha anunciado la creación de una unidad de innovación jurídica centrada en LegalTech, IA y ética digital, con el objetivo de proporcionar orientación y recursos a los profesionales del derecho en el uso responsable de estas tecnologías.