Se trae a colación la Sentencia T-323 de 2024, en donde la Corte Constitucional de Colombia ahondó en un pleito en el que el Juez de Primera Instancia utilizó Inteligencia Artificial y, particularmente “ChatGPT” para fundamentar su Sentencia.
El demandante argumentó que el uso de la Inteligencia Artificial podría vulnerar el Derecho al debido proceso y a la imparcialidad de las resoluciones judiciales.
La Corte Constitucional destacó los siguientes fundamentos.
En primer lugar, el principio de autonomía judicial, por el que el uso de la Inteligencia Artificial no puede desplazar la función central de los jueces, que consiste en valorar los hechos, interpretar la ley y tomar decisiones con base en su criterio independiente. El juicio humano debe ser el eje rector del proceso judicial, y cualquier herramienta tecnológica debe servir como un apoyo, no como un sustituto del razonamiento del juez.
En segundo lugar, se enfatizó que cualquier decisión que involucre el uso de Inteligencia Artificial debe garantizar el derecho al debido proceso, lo que implica que las partes puedan entender y cuestionar las decisiones adoptadas. La Inteligencia Artificial debe actuar de manera transparente, permitiendo que sus intervenciones sean comprensibles y justificables desde el punto de vista legal.
En tercer lugar, la Corte estableció que, si bien la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta útil en la administración de justicia (por ejemplo, para la gestión de documentos o análisis de datos), no debe emplearse para suplantar el proceso de valoración de pruebas y la motivación de las sentencias. Se debe garantizar siempre la presencia de un responsable humano que pueda responder por las decisiones tomadas.
Y, por último, cualquier uso de Inteligencia Artificial en el sistema judicial debe cumplir con principios estrictos de transparencia y responsabilidad. Los jueces deben poder explicar cómo las herramientas de Inteligencia Artificial influyen en sus decisiones y garantizar que los litigantes puedan cuestionar dichas influencias si consideran que han sido perjudicados.
La Corte Constitucional, en su fallo, determinó que, si bien es posible utilizar la Inteligencia Artificial en el sistema judicial, su rol debe limitarse a tareas de apoyo administrativo y documental. Se prohibió expresamente que la Inteligencia Artificial sustituyera el razonamiento judicial en la interpretación de los hechos y la valoración de pruebas.
La Corte ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que adoptara medidas para regular el uso de Inteligencia Artificial, asegurando que se respeten los principios de transparencia, responsabilidad y debido proceso.
Además, la Corte destacó la importancia de formar a los jueces y otros operadores judiciales en el uso de tecnologías emergentes, garantizando un manejo adecuado y responsable de estas herramientas.
