La administración Trump ha puesto sobre la mesa un nuevo marco regulatorio que amenaza con reconfigurar la industria global de semiconductores. Se trata de una ley comercial basada en una proporción 1:1, que obligaría a los fabricantes de chips de inteligencia artificial con sede en Estados Unidos a producir, en suelo nacional, al menos el mismo número de chips que sus clientes importen de proveedores extranjeros. En caso contrario, se aplicarían fuertes aranceles. [Yahoo Finance]
El objetivo declarado es claro: impulsar la soberanía tecnológica y reducir la dependencia de países como Taiwán, Corea del Sur o China en un sector considerado crítico para la seguridad y la competitividad de EE. UU. Sin embargo, la medida ha generado preocupación inmediata entre los gigantes de la industria.
Tiempos de construcción que no acompañan
Los críticos recuerdan que levantar plantas de fabricación de chips de última generación no es un proceso rápido. El ejemplo más citado es el de Intel en Ohio, cuya megafactoría, anunciada en 2022, ha pospuesto su entrada en funcionamiento hasta 2030.
“Las infraestructuras necesarias no pueden improvisarse”, advierten fuentes del sector. La industria de chips de IA requiere inversiones millonarias, cadenas de suministro globalizadas y una mano de obra altamente especializada.
Inversiones en marcha, pero insuficientes
El anuncio coincide con compromisos recientes como el de TSMC, que ha prometido destinar 100.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para expandir la producción de chips de IA en Estados Unidos. Pese a ello, los analistas consideran que la regla de proporción 1:1 podría desequilibrar las cadenas de suministro en el corto plazo, generando incertidumbre en el mercado y retrasos en la entrega de chips para sectores clave como la automoción, la defensa o la propia industria del software de IA.
Contexto político y económico
La propuesta se enmarca en un discurso cada vez más proteccionista de la administración Trump. Desde agosto, el presidente ya había deslizado la posibilidad de imponer aranceles directos a los chips de IA importados, pero este nuevo enfoque, basado en proporciones, supone un giro más restrictivo que apunta directamente a la capacidad real de producción de EE. UU.
Los expertos alertan de que, sin una base industrial sólida y operativa en el corto plazo, la norma podría terminar perjudicando a las propias empresas estadounidenses, forzándolas a asumir costes adicionales y reduciendo su competitividad frente a rivales asiáticos.
Impacto en Europa y España: una advertencia para la autonomía tecnológica
Aunque la medida tiene como epicentro Estados Unidos, sus efectos podrían sentirse en todo el mundo. Europa, que ha lanzado la European Chips Act con el objetivo de duplicar su cuota de mercado en semiconductores al 20% en 2030 (Comisión Europea), observa con atención los movimientos de Washington.
Para España, donde el Gobierno impulsa el PERTE Chip con una inversión pública de 12.000 millones de euros (Ministerio de Asuntos Económicos), este tipo de tensiones internacionales son una señal clara: la dependencia de mercados externos sigue siendo un riesgo latente. Si las cadenas de suministro globales se alteran, los sectores que ya dependen de chips avanzados —como la automoción, la banca, los servicios digitales y la consultoría— podrían enfrentarse a sobrecostes y retrasos.
¿Qué deben vigilar los despachos profesionales?
Para los despachos profesionales, asesorías y firmas legales, este escenario abre varios frentes estratégicos:
- Clientes expuestos a riesgos de suministro: especialmente en industrias tecnológicas, financieras o de automoción.
- Aumento de litigios y consultas legales: empresas que busquen renegociar contratos de suministro o reclamar compensaciones por retrasos.
- Necesidad de asesoramiento en ayudas públicas y subvenciones: tanto en España como en la UE, para proyectos vinculados al PERTE Chip y a la digitalización empresarial.
- Revisión de la fiscalidad internacional: si EE. UU. mantiene un marco arancelario duro, las firmas deberán analizar el impacto en importaciones y operaciones de sus clientes.
La lección es clara: la política de semiconductores ya no es solo un tema tecnológico, sino también geopolítico, económico y jurídico, con un impacto directo en la competitividad de empresas españolas y europeas.
